La pandemia del Covid 19 está generando un daño muy grave a la educación nacional, que se suma a los efectos negativos de la prolongada huelga de 2018. Cerca de un tercio de los alumnos se han visto separados de la educación por carecer de tecnología para conectarse y por lo precario e improvisado del sistema de educación a distancia, establecido por el MEP. No es posible ni deseable continuar con la educación a distancia en las actuales condiciones, es preciso preparar el regreso a clases en el 2021 en condiciones adecuadas.
Los centros educativos privados se han preocupado por realizar inversiones y que se establezcan protocolos y crear condiciones para poder retomar la educación presencial en 2021, enhorabuena, pero la educación pública no puede quedarse atrás.
Es preciso, en las actuales condiciones de emergencia, dejar de pensar con moralinas en normas y procedimientos burocráticos, poniendo la carreta delante de los bueyes. Es necesario anteponer el interés público tal como lo manda la constitución en este caso de conflictos y para esto hace falta un decreto de emergencia nacional que viabilice:
Acelerando el establecimiento de la red de banda ancha en todas las escuelas
Colocar el canal 13 al servicio de los programas del Ministerio de Educación
Facilitar las compras de software necesarias para capacitar en educación a distancia.
Capacitar sobre a marcha a los maestros y profesores que no estén suficientemente preparados para esta modalidad educativa.
Preparar las condiciones físicas para un regreso a las clases presenciales, en primer lugar, garantizando los servicios de agua potable de forma permanente a los centros educativos; renovar y colocar los servicios sanitarios en condiciones de funcionamiento, introduciendo, de ser necesario servicios sanitarios portátiles.
Todo esto debe realizarse en un plazo de tres meses y medirse por resultados de oportunidad y calidad.
Se le darán las facilidades del caso a la Fundación Omar Dengo para que acelere la instalación de la red de banda ancha que interconectará a todos los centros educativos del MEP.
La gestión del establecimiento de agua potable estará a cargo de las instituciones responsables en cada localidad, supervisadas por las Juntas de Educación quienes deberán recurrir a las autoridades de emergencia locales en caso de falta de interés.
La supervisión y control del establecimiento de letrinas y condiciones sanitarias estará también a cargo de las Juntas de Educación y de las autoridades locales de salud y emergencia.
Se autoriza a las instituciones públicas, nacionales y locales a donar recursos y brindar apoyo a los planes que elaboren los Centros Educativos para cumplir con esta tarea.
Para todos los efectos del caso los controles sobre el uso de recursos se harán primordialmente sobre los productos obtenidos. Se valorizarán positivamente los gastos y compras de materiales en establecimientos que generen empleo y encadenamientos.
Se invita a los gobiernos locales a incorporarse activamente en esta tarea. La emergencia es una buena oportunidad para hacer un ejercicio de descentralización, que una vez evaluada pueda transformarse en un marco de relaciones institucionales descentralizado, ágil y renovado de la gestión pública.
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